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A pesar del surgimiento de la RSC, se viven tiempos muy difíciles en la lucha por hacer que las empresas se comporten responsablemente, ya que con el fin del paradigma regulacionista de la posguerra, hemos retornado a los tiempos de la carrozas victorianas, de los barones ladrones y del capitalismo darwinista. Sin lugar a duda, en las dos últimas décadas del siglo veinte, hemos regresado a una era de corrupción extrema del concepto de libertad y hemos parodiado a la democracia, dando preeminencia sin límites a los intereses de las corporaciones y enarbolando su ¨derecho" a enriquecerse a costa de la gente.
Tal y como en la Edad Dorada, el neoliberalismo ha otorgado a las corporaciones libertad irrestricta para buscar incrementar el valor del accionista a expensas de todos los demás participantes. Es un hecho que el objeto de la casi total desregulación y privatización de la mayoría de los sectores económicos era regresar a un entorno con gran reminiscencia de las factorías dickensianas y de los grandes consorcios "trusts" estadounidenses y oponerse a la real democracia. Es menester recordar que, en la verdadera democracia, la primera responsabilidad de todo gobierno es procurar el bienestar de todos y cada uno de los rangos de la sociedad -como solía decir Adam Smith. Es decir, si bien la intención del liberalismo clásico inglés, desde Smith a Bentham, Ricardo y Stuart Mill, fue lograr el bien común a través de la "mano invisible" de miles de pequeñas empresas, los industrialistas corrompieron los conceptos y a los gobiernos, formando grandes consorcios y enriqueciéndose a costa de los demás actores. No fue hasta la consolidación del Estado de Bienestar de la posguerra, en las décadas de 1950 y 1960, que el capitalismo darwinista -que cínicamente abogaba por la supervivencia del más apto cuando la mayoría no podrían competir en términos equitativos- fue brevemente abandonado.
Desafortunadamente, las ambiciones políticas y la corrupción gradualmente erosionaron la breve voluntad gubernamental para cumplir su responsabilidad reguladora y actuar como "agentes balanceadores" para controlar los excesos naturales del sistema de mercado. Así, con el abandono estadounidense del patrón oro, se inició el cambio hacia la llamada globalización posmoderna. De esta forma, la mayoría de la gente padece ahora un entorno de juego-suma-cero, donde los gran beneficiarios son las corporaciones globales. Estas poderosas entidades económicas crecientemente se asemejan, vía interminables fusiones y adquisiciones y sus prácticas corporativas cotidianas, a los grandes consorcios del siglo XIX o los monopolios de especies de la era del mercantilismo, y dictan de muchas formas las agendas de los gobiernos en el mundo. Por supuesto, las corporaciones instintivamente rechazan cualquier tipo de responsabilidad social argumentando que eso es asunto de gobiernos; mas, irónicamente, han hecho a éstos abandonar sus responsabilidad reguladora de procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad.
El hecho es que las corporaciones no pueden eludir su responsabilidad porque su actividad ejerce un impacto tridimensional (económico, social y ambiental). Su enorme influencia política ha hecho a los gobiernos abandonar sus responsabilidades básicas, lo que redunda en efectos tridimensionales muy negativos y extendidos. La actual práctica común de financiar las campañas ha reemplazado, de facto, el contrato social por uno corporativo, donde aquellos que proveen los dineros dictan los temas y la dirección de las agendas gubernamentales. Esto es hoy en día una realidad en muchas regiones del mundo, tanto en países desarrollados como en el Tercer Mundo. El enorme fraude en el sistema bancario mexicano, aumentando la deuda pública en más de 80 millardos de dólares, rescató a inversionistas coludidos con las altas esferas gubernamentales y aseguró un ingreso anual a sus nuevos dueños extranjeros a expensas de los contribuyentes. La privatización corrupta de casi todos los activos públicos en Argentina y el descarado robo de los depósitos bancarios de millones de argentinos le trajo a la otrora más desarrollada nación iberoamericana la peor crisis de su historia. La actitud laissez-faire de los reguladores de la industria farmacéutica europea, los "agentes de las drogas", quienes no realizan sus propios estudios para asegurar que las nuevas medicinas realmente traigan beneficios a los pacientes y no sólo utilidades adicionales a las empresas, garantiza el muy privado bienestar de los gigantes de la industria.1 Todos estos casos caen en la misma categoría que las quiebras fraudulentas de Enron y Worldcom o la exigencia del Departamento de Estado estadounidense a una corte federal de desechar las demandas de derechos humanos de aldeanos indonesios en contra de Exxon Mobil, diciendo que un juicio puede dañar los intereses económicos y políticos estadounidenses en Asia.2 El hilo conductor es la falta de rendición de cuentas debido a la corrupción extrema de los gobiernos, que los ha movido a abandonar su responsabilidad social por el bien de muy privados intereses incluyendo sus intereses personales. El contrato social es ahora un dictado corporativo. El tráfico de intereses políticos ha rebasado las estructuras políticas de las naciones a escala global. Ciertamente, el Consenso de Washington: la reducción máxima del papel público, mediante la eliminación del Estado de Bienestar y la desregulación económica, para que los gobiernos se vuelvan meros agentes de los intereses corporativos, es sólo la demanda básica. La meta última es hacer que los intereses corporativos prevalezcan explícitamente sobre el bien común, permitiendo que las corporaciones demanden legalmente a los estados soberanos, como en la victoria de Metalclad sobre México vía el TLCAN.3 Estos eventos son posibles porque la democracia en el mundo ha sido corrompida hasta la médula. No hay huella alguna del viejo concepto griego del ágora, el lugar donde los intereses públicos y privados se reconciliaban, porque el interés público ha sido privatizado y ahora los gobiernos lo discuten en privado con los centros de capital mundial. En vista de la abrumadora falta de voluntad en la mayoría de los gobiernos para cumplir con sus responsabilidades más elementales, es de mayor importancia que la Sociedad Civil Global (SCG) tome la responsabilidad -como crecientemente sucede en muchos otros aspectos en la vida de las sociedades actuales- de vigilar de cerca la conducta de las corporaciones. De esta manera, desde principios de los años 90s la SCG se ha movilizado para asegurar que el bien común y el principio básico de gobierno democrático, de perseguir el bienestar de todos los rangos de la sociedad, continúe firmemente arriba de la búsqueda de muy privados intereses. En la real democracia, las empresas no pueden ignorar a las sociedades en ninguna de las esferas sociales donde interactúan. Esto es porque están formadas y gestionadas por individuos de la sociedad, porque su razón de ser, la acumulación de capital, sólo es posible debido a la existencia de estas sociedades, que constituyen sus mercados, y, especialmente, porque sus actividades tienen un impacto tridimensional en las sociedades y en su hábitat. El rasgo más distintivo del concepto de RSC, que cada empresa privada tiene una diversidad de partes interesadas, contrasta ampliamente con la posición tradicional del sector privado de considerar a los accionistas como su única parte interesada. En la RSC, las partes interesadas representan a los diferentes grupos de interés de la sociedad, los actores, donde las corporaciones operan, sean trabajadores, consumidores, ONGs de la justicia social, ambientalistas, grupos indígenas y otros, todos con un derecho legítimo para exigir conductas corporativas socialmente responsables. En la nueva SCG, las empresas representan al ciudadano corporativo,4 quien, como cualquiera, está sujeto a reglas y debe ser socialmente responsable. Por tanto, los actores, son todos los miembros del entorno social de la empresa, que contribuyen a, o son invadidos y afectados por, la actividad de la empresa.5 De esta forma, la Responsabilidad Social Corporativa es la obligación inherente que tiene cada entidad empresarial de responder por la forma en que su actividad impacta las dimensiones social, económica y ambiental de su entorno y para garantizar que este impacto genere beneficios equitativos y sostenibles -y ningún daño- a todas las partes interesadas en cuestión. La última década experimentó un rápido crecimiento en los esfuerzos por desarrollar y establecer la RSC en el Norte, un evento que también está teniendo fuerte impacto en el Sur debido a la importante presencia de las TNLs en la región. Sin embargo, la RSC es una disciplina todavía en estado de inocencia, donde muchos actores legítimos espontáneamente emergen para desarrollar su concepto de RSC desde su propia perspectiva. Esto ocurre usualmente sin coordinación con otros actores y otros desarrolladores de RSC. Por ello, aunque la necesidad de coordinar el desarrollo de RSC y acordar criterios y metodología para su aplicación ha sido reconocida, y mucho progreso se ha hecho, aún es necesario refinar y elevar su nivel. En la gestión del proceso de RSC hay cuatro fases a seguir por las corporaciones y la SCG: planificación, reporteo, verificación y certificación. La planificación y reporteo requieren definir y acordar conjuntamente la selección de los criterios que serán aplicados en la evaluación y en el reporteo del impacto tridimensional de una empresa. Desafortunadamente, el poder de persuasión de las iniciativas del Norte deja a ambas fases en un estado muy endeble. Una debilidad común es ofrecer a las empresas un juego de normas de RSC a ser usadas voluntariamente y con gran laxitud en su aplicación. Esto motiva a muchas corporaciones a ver una ventana de oportunidad para proyectarse como buenos ciudadanos corporativos y escudarse de la crítica de la SCG. Es una gran oportunidad para comportase políticamente correctos sin en verdad ser socialmente responsables. Además, otra debilidad común, y una enorme carencia, es la ausencia de una norma o indicador de la calidad de los salarios pagados. Esto es un elemento crítico dado el hecho de que un salario digno es un derecho humano básico y, por tanto, tiene que ser elemento fundamental de la RSC. Típicamente, en relación a los derechos laborales, las normas de RSC se adhieren a las convenciones medulares de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, las convenciones de la OIT no tratan el asunto de salarios dignos. Esto ofrece una coyuntura para evitar el tema de las participaciones laborales justas y aún verse bien. Lo correcto tiene que ser que la empresa, si cumple con la OIT pero estratégicamente explota a sus trabajadores en el Sur, no puede ser considerada socialmente responsable porque está jugando un juego-suma-cero, aún si está gestionando el impacto de todos los demás elementos -en adición a los de la OIT- de una forma muy responsable. Sin embargo, este criterio está ausente de la gran mayoría de los conceptos que emergen en la arena pública. Las otras dos fases: verificación y certificación, sufren también de una falta de normalización en el proceso de verificación y de los criterios a ser usados para otorgar o negar la certificación. Antes de los escándalos del reporteo financiero de 2002, se desarrollaba una tendencia, en el caso de transnacionales como Disney, Nike y Mattel, de contratar a firmas como PWC, Andersen, Ernst & Young y otros en lugares como la provincia de Guangdon en China, para ejecutar auditorías de responsabilidad social en sus plantas.6 Sin embargo, los escándalos de Enron, Worldcom y otros, en su relación con firmas contables/auditoras, desacreditaron el uso de estas firmas consultoras en la verificación del cumplimiento de un conjunto de normas de RSC. Ahora la tendencia es desarrollar a proveedores de verificación que sólo respondan a la sociedad civil, pero, como consecuencia natural del estado incipiente de la RSC, esto está todavía en su etapa primaria. Afortunadamente, mucho esfuerzo está haciéndose en esta área para establecer procesos sistemáticos de verificación y entrenar a aquellos que los ejecutarán en el campo. De cualquier manera, hasta ahora, el consenso total en los criterios para auditar y certificar no ha sido logrado; por tanto, la normalización está incompleta. A pesar de que hay diversidad en el énfasis y especialización en el desarrollo y gestión de la RSC por la SCG, es muy evidente la timidez en exigir que el impacto de la actividad corporativa genere beneficios equitativos para todos los actores. A menudo, la misión en la promoción de la RSC parece más la oferta de un medio para que las compañías sean percibidas positivamente, sin congruencia real con la intención de los principios de la responsabilidad social, en lugar de exigir un impacto tridimensional equitativo y sostenible. El abordaje voluntario de la RSC, la laxitud que disfrutan las corporaciones en su aplicación, la ausencia de procesos y normas homogéneas, y, especialmente, la evidente evasión de los salarios dignos -el elemento fundamental de la justicia social y un factor esencial en el logro de un sistema equitativo y sostenible- hace a la RSC todavía inocua en nuestra empresa en pos de la real democracia y de un ethos sostenible.
FUENTES RELEVANTES: Para otras fuentes de RSC disponibles en la red: nuestra página de en nuestra sección de Recursos.
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